EL
CAUCA INDÍGENA TRABAJA Y APOYA LOS DIÁLOGOS
REGIONALES
En
1985, los pueblos indígenas del Cauca, organizados
en el CRIC, emitimos la Resolución de Vitoncó,
considerado por la Corte Constitucional como ejemplo del
ejercicio de autonomía territorial de los sectores
sociales en Colombia. Este documento recalca y plantea la
necesidad de hacer valer por todos los medios, que estén
al alcance de los Resguardos, el DERECHO A LA AUTONOMÍA,
es decir, al derecho que tienen nuestros Cabildos y comunidades
de controlar, vigilar y organizar nuestra vida social y
política al interior de los Resguardos, así
como a rechazar las políticas impuestas venidas de
afuera, haciendo extensivo este requerimiento, no sólo
a personas y entidades gubernamentales, privadas y semiprivadas,
que venían decidiendo aspectos económicos,
sociales, culturales, políticos y religiosos en zonas
de Resguardo, sino a todos los grupos armados que hacían
presencia en los territorios indígenas.
En
esa época los gobernadores de cabildo hicieron pública
nuestra exigencia de respeto a las recuperaciones de tierra
y a la no utilización de las contradicciones que
surgen de la lucha para penetrar en los Resguardos y ahondar
divisiones; aclarando que era al cabildo al que le concernía
dirimir los conflictos internos de la lucha por la tierra.
Se recuerda igualmente que son los cabildos quienes por
ley están facultados para aplicar justicia a sus
comuneros de acuerdo a las costumbres que tenga la comunidad.
Planteó
la resolución, la responsabilidad del Gobierno sobre
la situación de miseria y abandono en que se encontraban
nuestros Resguardos, exigiendo del resguardo los recursos
necesarios para adelantar programas en las comunidades indígenas
bajo el requisito que los recursos se pusieran a disposición
de las comunidades, y sobre ellos los cabildos pudieran
ejercer una fiscalía, igual que sobre los proyectos
que adelantaban las instituciones para que fueran consultados,
aprobados, vigilados y controlados directamente por las
comunidades.
Han
transcurrido más de 15 años y esos planteamientos
recobran su vigencia, son como un eco de la memoria que
se repite para exteriorizarlos de nuevo frente al incremento
de la guerra en territorio colombiano pues hoy Colombia
entera sufre las inclemencias de las hostilidades; pues
con rompimiento de los diálogos Gobierno-Farc y la
supresión de la zona de distensión en el Caguán,
no sólo se agudizó el conflicto sino que traslado
los escenarios de la confrontación al sur occidente
y en consecuencia su apreciamiento en el Cauca, en donde
aparece primero la amenaza la Alcalde del municipio de El
Patía por parte de las AUC, luego las Farc amenazan
al Alcalde de Piamonte, a quien exigen su renuncia y meses
más tarde la renuncia de los funcionarios. Luego
vino el secuestro del Alcalde del municipio de San Sebastián
con quien enviaron el comunicado en el cual exigen las renuncias
generalizadas para todo el territorio nacional.
Sin
lugar a dudas estas amenazas buscan romper los procesos
populares de empoderamiento social, con lo cual ganan tanto
el Ejecutivo Nacional como los movimientos en armas, pues
por un lado se agiliza la pretensión presidencial
de centralizar definitivamente todas las decisiones y manejar
a su antojo el prosupuesto del país, y por otro se
crea una condición de crisis e inestabilidad administrativa
con la cual las Farc buscan ablandar al gobierno, al parecer
con el fin de obligar el reinicio de los diálogos.
Es
claro para nosotros que en el Cauca existe un acumulado
de organización social, (sindica, barrial, comunal,
indígena, campesina, popular, estudiantil, negritudes,
mujeres, discapacitados, viviendistas, etc.), que con nuestro
proceso de gobernabilidad alternativa, hacen del departamento
una esperanza para Colombia, por los Concejos Sociales de
Gobierno, las mingas de gobernabilidad, la búsqueda
de una solución concertada a los conflictos presentados
como el paro agrario, la movilización de destechados,
la actitud frente al conflicto panelero, la situación
de la población desplazada y últimamente frente
al caso de los cabildos indígenas de Caldoso en defensa
de sus derechos ancestrales, donde logró mediar de
forma acertada mediante el uso del diálogo cuya gestión
permitió un acuerdo con las comunidades indígenas
para normalizar el transito sin necesidad de acudir al uso
de la fuerza.
Por
eso, ante la actual situación de inestabilidad en
la institucionalidad local, hemos visto como positiva la
actuación del Gobierno Departamental al realizar
reuniones permanentes con sus secretarios de despacho, el
Defensor del Pueblo, Procurador Nacional, organizaciones
sociales, gremios económicos, alcaldes, diputados
y concejales amenazados buscando construir una posición
política y dar una respuesta conjunta que atienda
tanto el contexto regional como nacional.
De
igual forma, es notorio el esfuerzo del Gobierno del Taita
por comprometer al Gobierno Central, para que agilice una
solución política al conflicto, esfuerzo que
no ha recibido una respuesta consecuente con las aspiraciones
de nuestras gente pues el Ministerio del Interior, a nombre
del Gobierno Nacional, sólo ofrece aumento de pie
de fuerza, escoltas para los amenazados, chalecos, no aceptación
de las renuncias bajo la amenaza al funcionario público
que no cumpla con sus funciones la aplicación de
sanciones disciplinarias y penales.
Por
otra parte, la gente de nuestro país y del exterior
conoce que nuestros territorios están siendo afectados
por el detrimento del orden público y por las continuas
amenazas sobre líderes y comunidades, violación
de los derechos humanos, desplazamientos masivos, situación
toda que pone en riesgo inminente de desaparición
forzada a nuestros pueblos; circunstancia que obligó
de nuestras comunidades y autoridades tradicionales recordarle
al nuevo mandatario de la República que aunque históricamente
el Cauca ha sido un departamento conflictivo y ha existido
presencia de grupos armados, el aumento de la violencia
actual tiene las siguientes causas: Primero, por la política
económica nacional y la presión del narcotráfico
de convertir nuestra agricultura en centro de producción
de ilícitos, Segundo, por la llegada de los paramilitares
en defensa de la inversión multinacional bajo el
pretexto de controlar la vía Panamericana y combatir
la delincuencia y la subversión; Tercero, por la
obstinación politiquera de mantener los grupos de
poder con base en la corrupción y el clientelismo;
Cuatro, por la declaratoria de guerra del gobierno a las
Farc, y Quinto, por la respuesta de este grupo guerrillero,
al parecer con el propósito de acrecentar la crisis
de gobernabilidad nacional.
Le
decimos también que nuestros pueblos y organización
CRIC, desde siempre hemos manifestado que la resolución
de los conflictos debe hacerse ha través del diálogo
y la concertación, sin embargo desde el inicio de
las conversaciones Gobierno-Farc, manifestamos nuestro descontento
por el carácter bilateral de las mismas, exigiendo
participación real de la sociedad civil en ese proceso.
Manifestamos igualmente, frente a las continuas declaraciones
de paz emitidas a la opinión pública por el
Gobierno Nacional, que pareciera la confrontación
un asunto de control territorial sólo entre grupos
armados, sin que se analice la coincidencia de la presencia
de intereses de los megaproyectos con el paramilitarismos,
la guerrilla y las políticas gubernamentales.
Le
recordamos que los pueblos indígenas del Cauca lamentamos
en su momento el rompimiento del proceso de diálogo
Gobierno-Farc, por haber sido hecho en contra de las aspiraciones
de la sociedad civil colombiana, persistiendo en la necesidad
de evitar la intensificación de la confrontación
armada e invitando a retomar las razones de paz expuestas
por quienes somos las verdaderas víctimas de la guerra.
Le
decimos que la crisis se ha intensificado y que tanto Gobierno
como actores armados expresan partes de victoria cada vez
que hay enfrentamientos, sin mostrar que las pérdidas
humanas y materiales las sufre la sociedad civil, objetivo
final de la guerra. Que observamos, por un lado, la intransigencia
del Gobierno Nacional para aceptar las iniciativas locales
e insistir en la férrea permanencia de la institucionalidad
del Estado, viola el Derecho Internacional Humanitario,
coloca en riesgo la cohesión cultural indígena,
crea condiciones de descontrol y zozobra y desconoce los
procesos autónomos, construidos con dificultad por
los sectores sociales en especial por las comunidades indígenas
y otros grupos rurales alejados de los centros de poder
económico y político.
Le
hacemos saber que nuestra gente no se explica el direccionamiento
dado a la política de paz, basada en el descrédito
de la guerrilla a nivel nacional e internacional, mientras
masacres de clara responsabilidad de los paramilitares continúan
en la impunidad y en los discursos institucionales los únicos
causantes de la crisis del país resultan siendo los
grupos revolucionarios, atenuando así la barbarie
de las AUC y eludiendo causas como la corrupción
y el clientelismo.
Mencionamos
que aunque no es claro el rumbo del conflicto si es notorio
para nosotros que, por voluntad de las partes, tiende a
degradarse en detrimento de los DDHH, el DIH y el incremento
de la impunidad, situación que exige de la población
civil mayor compromiso y participación, ante lo cual
nos permitimos reiterarle nuestra propuesta de afianzar
y reconocer por parte del Gobierno Central al territorio
de la María como espacio de concertación Sociedad-Estado-gremios-actores
armados. Para ello, insistimos en el requerimiento surgido
desde diversos sectores del Cauca de dar vía libre
a los diálogos regionales, por ahora con énfasis
en su carácter humanitario, solicitando la intervención
internacional para su acompañamiento permanente.
Por
lo anterior queremos reafirmar en este evento:
