PROPUESTA DE PAZ
DE LOS GOBERNADORES DE LA REGIÓN SUR COLOMBIANA

La intensificación del conflicto armado nos coloca en una situación dolorosamente excepcional que cuestiona nuestra existencia como nación y afecta las bases mismas de la institucionalidad y de la democracia. Porque estamos convencidos que este es un camino equivocado que hará mucho más incierto el inmediato futuro y porque creemos firmemente que no es a partir de una coyuntura dramática sino del contexto general del proceso histórico colombiano que se debe elaborar una propuesta seria de paz, nos dirigimos a nuestros compatriotas, en esta hora suprema, para consignar las siguientes reflexiones:

Factores económicos, sociales, políticos y culturales determinan el origen del estado de guerra y de las demás manifestaciones de violencia que aquejan a Colombia. El logro de la paz implica, en consecuencia, la concertación de profundas reformas estructurales que establezcan la justicia social y la vigencia plena de la democracia: Equitativa distribución de la riqueza, incremento de ofertas de trabajo, democratización y transparencia en el manejo de los asuntos del Estado, ejercicio eficiente de la justicia y racional ordenamiento territorial que conduzca a la conformación del país como una República Regional Unitaria, sustentada en la autonomía de las regiones. A la vez, es necesaria una reforma que transforme el ejercicio de la acción política del país, planes de desarrollo que se construyan de manera participativa y redefinición del Plan Colombia en función de erradicación manual de cultivos de uso ilícito concertada con las comunidades, a través de planes integrales.

El contenido neoliberal de la estrategia internacional y de la política interna de los últimos gobiernos ha desencadenado la actual crisis económica que vive el país. Esas medidas elevaron el déficit fiscal y la deuda pública, estimularon la usura, arruinaron el campo y la pequeña y mediana empresa, aumentaron el desempleo, concentraron la riqueza, polarizaron la sociedad, incrementaron la pobreza y la miseria y debilitaron las funciones sociales del Estado en perjuicio de las necesidades básicas de la población. Vivimos un explosivo modelo de exclusión. El servicio de la deuda se sostiene con grave detrimento de la inversión social y del desarrollo. La corrupción, la violencia, el centralismo y el narcotráfico complementan y refuerzan este mapa de inestabilidad política y de crisis económica y social.

Nunca antes habíamos confrontado una situación de inseguridad e ingobernabilidad como ahora. Este panorama coloca a los colombianos frente a un dilema: asumimos el escalamiento del conflicto, como se viene expresando, o persistimos en la incesante búsqueda de su solución política. Tomar la decisión de la guerra total implica aceptar las nefastas consecuencias que produce. Pues precipitará una situación de atraso social y absorberá los pocos recursos con que cuenta el estado. Habrá racionamientos de servicios básicos y escasez de alimentos y medicamentos. Se incrementará el desempleo que hoy ronda el 20%. La atención en salud y la cobertura en educación descenderán a niveles ya superados. El desplazamiento se aumentaría no sólo internamente sino hacia otros países. Los derechos fundamentales, como los de libre circulación de personas, vehículos y alimentos quedarían sujetos a decisiones militares y policiales. La guerra total nos conduce a la destrucción de la infraestructura nacional y el consecuente declive en la producción y el consumo interno.

De nuestra parte, queremos reiterar que los gobernadores de la región Surcolombiana somos defensores de la solución política negociada del conflicto. Tenemos claras las dificultades derivadas de esta iniciativa; pero, asumimos que es mejor afrontar los tropiezos propios de un proceso de negociación que aceptar el colapso de nuestro país frente a una situación de guerra generalizada.

El clamor, que se escucha en toda la geografía nacional, de concertar para buscar la paz, exige una respuesta contundente de aceptación o rechazo de quienes están directamente enfrentados en la confrontación armada. Si continúan el secuestro, la toma y destrucción de pueblos, la exigencia de renuncia a los mandatarios locales y su declaración de objetivos militares por parte de la guerrilla, es evidente que no hay voluntad de avanzar hacia un proceso de negociación en la búsqueda de la paz. Si se entronizan el autoritarismo, mayor fortalecimiento militar y restricción de libertades en el ejercicio del gobierno, se estaría también en la dirección de profundizar el conflicto. Por eso es urgente que la Nación reciba expresiones claras de voluntad de las partes en conflicto de caminar hacia la búsqueda de mecanismos que posibiliten retomar las negociaciones.

La actual situación de amenaza a las autoridades locales expresa una de las más grandes contradicciones de las FARC, si se tiene en cuenta que ellas contribuyeron a impulsar la elección popular de alcaldes y que a pesar de los vicios del sistema político, dicha institución constituye un importante avance de la democracia representativa y de la soberanía popular. Debe quedar clara nuestra inquebrantable intención de búsqueda del ejercicio pleno de la democracia y la paz. Ese es el compromiso del proceso sur colombiano.

En consecuencia, reclamamos de las partes en conflicto deponer la arrogancia y retomar el camino civilizado de la negociación política. Invocando los avances y principios de acuerdo logrados en las pasadas negociaciones, EMPLAZAMOS AL GOBIERNO NACIONAL Y A LA INURGENCIA a manifestar públicamente si están dispuestos a continuar la discusión de los temas centrales contenidos en la Agenda de los Doce Puntos, en la Declaración de San Francisco de la Sombra, en la Propuesta de los Notables y en las Conversaciones de Maguncia y Cuba.

De ser afirmativa la respuesta de ambas partes, solicitamos, como consecuencia:

1. Proceder a la inmediata concertación de un cese bilateral al fuego y hostilidades por seis (6) meses, prorrogables por acuerdo de las partes.
2. Que las FARC desistan de la exigencia de renuncias y de las amenazas o acciones militares contra los servidores públicos de los entes territoriales y sus familiares.
3. Proceder a la concertación de un acuerdo humanitario que lleve a la liberación de todos los secuestrados y de los prisioneros militantes de los grupos insurgentes que se comprometan con el cese al fuego.
4. Acordar entre el gobierno y la insurgencia una veeduría internacional que acompañe el cumplimiento de los acuerdos de tregua y humanitario y las negociaciones de paz.
5. Para la discusión del contenido de las reformas estructurales, deberá ampliarse la mesa de negociación con participación de voceros del movimiento social -designados democráticamente-, de los gremios empresariales y de los entes territoriales.
6. Promover la participación y la organización social por la paz, mediante la realización de Asambleas Constituyentes Departamentales, en cuyo desarrollo puedan todos los colombianos, desde sus municipios, discutir y aportar sobre los contenidos de las reformas estructurales.
7. El Estado debe ejecutar, de inmediato, una política coherente de sometimiento al paramilitarismo y desmantelamiento de sus estructuras organizativas.
8. Autorizar, por parte del gobierno nacional y bajo su coordinación, la realización inmediata de Diálogos Regionales que permitan el restablecimiento de la gobernabilidad.
9. El estímulo y acompañamiento a la resistencia civil y social no violenta contra la exclusión y la guerra.
10. Convocar una Asamblea Nacional Constituyente, para que refrende institucionalmente el contenido de los acuerdos de paz y las reformas que requiere el país.

Colombianos: en tiempos de dificultad e incertidumbre es cuando más están en juego la imaginación y la creatividad. Es el momento de aunar esfuerzos para que los intereses colectivos prevalezcan sobre la barbarie y la atrocidad, resultado de la degradación del conflicto armado. En esta hora crítica, colocamos a disposición del pueblo lo mejor de nuestros esfuerzos para lograr un país en paz, con equidad y justicia social. Esa es la magna tarea histórica que nos hemos impuesto y esa es la expresión de nuestras profundas convicciones democráticas y civilistas.

PARMENIO CUELLAR B.
Gobernador de Nariño

GUILLERMO AL JARAMILLO
Gobernador del Tolima

FLORO TUNUBALÁ
Gobernador del Cauca

IVAN GERARDO GUERRERO
Gobernador del Putumayo

PABLO ADRIANO MUÑOZ
Gobernador del Caquetá

JUAN DE . CARDENAS
Gobernador del Huila

Bogotá, 2 de Agosto de 2002.