GOBERNACIÓN
DE BOLÍVAR
BOLÍVAR,
ZONA NUETRAL Y TERRITORIO DE CONVIVENCIA Y PAZ
Luis
Daniel Vargas Sánchez
Consenso Social para la Convivencia
Establecer
una definición sobre la convivencia en el actual
contexto que atraviesa la sociedad Bolivarense (y Colombia),
constituyen un reto en la perspectiva de alcanzar un consenso
sobre las acciones que posibiliten establecer su caracterización
y afianzar su valoración; a más de convertirse
en normas y pautas de conducta Cultural que deriven hacia
la construcción de una democracia consensual, en
donde sólo la existencia de actores sociales organizados
y con clara conciencia de sus intereses y demandas sea capaz
de reconocer sus conflictos y darle un tratamiento por la
sociedad fructífero, sin necesidad de recurrir a
la violencia. Lo anterior implica que la búsqueda
de la CONVIVENCIA, se soporta ineludiblemente por la construcción
y consolidación del Estado como espacio público
de resolución de conflictos. Esto hace imperativo
el fortalecimiento del sistema de Justicia (factor que permita
superar la solución privada y violenta de los Conflictos);
la consolidación del monopolio legítimo de
la fuerza, la creación de un Sistema Político
que privilegie el reconocimiento de lo Público-asociado
a la construcción de una administración pública
eficaz e impersonal (que limite los niveles de corrupción)
y en últimas igualdad y oportunidad a los miembros
de la sociedad para una transformación equitativa
de sus estructuras sociales.
El
actual Gobierno Departamental (no obstante sus limitaciones
y restricciones institucionales y la coyuntura del conflicto
armado) viene avanzando en la validación de los derechos
fundamentales como eje constitutivo del Orden Social y Político,
en otras palabras el derecho a la vida, la libertad y la
dignidad, son el trípode sobre el cual se soporta
la base ética y política de toda convivencia.
En
el territorio bolivarense convertido hoy en teatro de operaciones
de los actores armados que hacen presencia en él,
durante el año 1999, hubo un total de 264 violaciones
al DIH, de los cuales 142 (53.7%), fueron ejecuciones extrajudiciales
y se reportan 172 homicidios con interés premeditado,
así mismo un total de 14 comunidades informan amenazas
contra su integridad física, igualmente en el año
2000 en el primer trimestre, se reportan 163 violaciones
al DIH, específicamente homicidios con interés
premeditado y 83 ejecuciones extrajudiciales. (Recordemos
la masacre de El Salado, Carmen de Bolívar).
De
otra parte el derecho a la vida es ilusorio, frustrante
e incompleto, si no hay condiciones sociales y económicas
que garanticen efectivamente su realización. Este
referente nos remite a la provisión de bienes y servicios
a los bolivarenses necesarias para su bienestar y calidad
de vida. La realidad nos refleja una población cuya
vulnerabilidad y precariedad se refleja en que para el año
1999 el 57% de la población está por debajo
de la línea de pobreza (El promedio nacional se estima
para ese año en 53.8%). Esto demuestra como la gran
mayoría de los bolivarenses no obtienen los ingresos
mínimos para la satisfacción de sus necesidades
primarias, situación que se agrava para los bolivarenses
ante el incremento en la reducción del Gasto Público
Social (Educación, salud y vivienda), desde hace
cuatro años: como resultado del programa de ajuste
de las finanzas gubernamentales (en los tres niveles nacional,
departamental y municipal) del actual gobierno, dentro del
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
El
derecho a la libertad por parte de los bolivarenses, es
cada día más precario ante la pérdida
de soberanía del Estado y la presencia de actores
armados, que imponen reglas de juego, por fuera del marco
constitucional. De hecho, esto se observa en el 75% del
territorio departamental está bajo presión
de los actores armados, adicionalmente el nivel de coerción
que estos actores practican en el ejercicio de la política
a los ciudadanos bolivarenses, es otra variable que constata
la debilidad de nuestro sistema democrático. Variable
que constata la debilidad de nuestros sistema democrático.
Variable esta que sumada a los vicios tradicionales en el
ejercicio de la política (clientelismo, caciquismo
y prácticas corruptas), evidencian la ausencia de
una Ética Ciudadana y Pública en el manejo
de los bienes públicos y de la relación Estado-Sociedad
Civil.
Es
pertinente comentar como una reciente encuesta realizada
con personas resistentes en Cartagena y Marialabaja, sobre
el concepto de Convivencia, nos muestra cual es el significado,
con que la asocian y como se concretiza. Es llamativo observar
como se coincide en identificarla como "que todos estén
bien; Así mismo es relacionada con palabras como
Tolerancia, Concertar, Compartir, Respeto, Derecho a la
tranquilidad, etc. Como factores que dificultan la convivencia,
se señalan a la Violencia, la Desigualdad, las NBI,
la falta de Solidaridad y Compañerismo, la Intolerancia,
la Corrupción, el Desinterés etc. De otra
parte al plantear soluciones o alternativas de respuesta,
estas pasan por la Educación, la Salud, Ciencia y
Tecnología, acceso a la Vivienda, subsidios para
la población pobre y vulnerable y promoción
del deporte, la recreación y la cultura.
En
Bolívar se viven hoy los dos fenómenos del
desplazamiento forzado, Cartagena de Indias y Magangue son
las dos ciudades mayores receptoras de desplazados del país
y las regiones de los Montes de María y de Sur de
Bolívar son regiones con mayores índices de
expulsión por causa del conflicto (Subversión,
paramilitarismo, Narcotráfico, Cartel de la Gasolina
y delincuencia común).
La
población civil está hoy entre un circulo
vicioso, las ataque y amenazas de la subversión,
y la incapacidad del estado de garantizar la vida e integridad
personal y los bienes de las comunidades, no hacen vislumbrar
una disminución de los índices de degradación
social.
Los
bolivarenses somos hoy más vulnerables que nunca.
En este círculo las partes han perdido la comunicación
y la confianza. Frente a este panorama es imperioso crear
las "condiciones" 8no zonas) que restablezcan
los canales de comunicación entre los agentes en
conflicto y a su vez generar lazos mínimos de confianza
que permitan diseñar instrumentos que humanicen la
guerra y disminuyan la intensidad del conflicto.
Para
agravar la situación, las continuas amenazas a la
mayoría de los alcaldes municipales y el Gobernador
de Bolívar por parte de la subversión, hacen
más profunda la crisis de gobernabilidad en las diferentes
regiones del departamento, a pesar de la decisión
que hemos tomado de no renunciar.
El
impacto de esta situación se acrecienta dada la importancia
que posee la ciudad de Cartagena dentro del contexto de
imagen internacional y como centro de proyección
económica, turística y cultural de Colombia
ante el mundo. El aumento desmesurado de marginalidad y
de los cordones de miseria crean un caldo de cultivo para
la presencia más activa de grupos al margen de la
ley.
A
su vez, el Departamento de Bolívar como principal
productor de oro del país y su estratégica
posición geográfica que comunica al corazón
del Magdalena Medio, principal fuente de abastecimiento
de petróleo, importante corredor fluvial, zona neurálgica
dentro del contexto geográfico nacional y con el
mayor número de población y municipios a la
rivera del Río magdalena antes de su desembocadura,
viene con un desmesurado agravamiento del conflicto.
Todas
estas circunstancias nos llevan a proponer soluciones de
fondo y plenamente variables, que permitan abrir nuevamente
el acercamiento entre las partes en conflicto y ayuden a
disminuir la intensidad de la violencia.
Nuestra
propuesta es clara, incentivar a las partes en conflicto
en declarar al Departamento de Bolívar como Zona
Neutral y Territorio de Convivencia y Paz con el fin de
que sirvan para el cumplimiento de acuerdos humanitarios,
en el marco del Derecho Internacional Humanitario, que contempla
las Convenciones de Ginebra y el Protocolo II.
La
Zona Neutral y Territorio de Convivencia y Paz brinda alternativas
tanto humanitarias como sociales para la población
civil. De aquí que los principales puntos de la propuesta
son:
Las
primeras estrategias a seguir:
1.
Solicitarle al gobierno saliente y entrante, garantía
de crearle una agenda de continuidad y un espacio a la propuesta.
2. De parte de los actores ilegales del conflicto armado
su compromiso de participar en la propuesta.
3. Buscar el apoyo decisivo de la comunidad internacional
en la implementación de la propuesta.
4. Buscar la integración de sector público,
sector privado y sociedad civil en el desarrollo operativo
de la propuesta.
"La
neutralidad no se refiere a que seamos indiferentes frente
al conflicto, la violencia y el narcotráfico; la
neutralidad consiste en preservar a la población
civil de la barbarie".
La
construcción de un modelo de convivencia en el territorio
departamental, es una obligación inherente a la razón
de cualquier gobierno, (y de la Sociedad que lo conforma)
sin embargo, no es tarea fácil dada la situación
reseñada. El actual Gobierno Departamental en su
Plan de Desarrollo "Consenso Social por la Convivencia"
considera inaplazable empezar a estructurar el andamiaje
político y operativo que posibilite mostrar resultados
en el corto plazo y afianzar la convivencia, (tolerancia,
y respeto por el trípode de derechos constitucionales
de ser humano), en el mediano plazo, como una cultura democrática,
entendida esta como: La posibilidad de que a través
de un procedimiento de argumentación, el ciudadano
pueda discutir la problemática social, desde un espacio
consensual reconocido legítimamente se constituye
el soporte que permite relacionar y articular justicia,
democracia y ética, dimensiones separadas, (ausentes?)
en el actual contexto de la sociedad bolivarense.
