De esta experiencia quedó la aplicación de una amplia amnistía, la irrupción de proyectos políticos de la guerrilla, en especial la creación de la Unión Patriótica por parte de las FARC, el inicio de un diálogo nacional en búsqueda de consensos hacia la paz propuesto por el M19 y la campaña en demanda de la convocatoria mediante un referendo de una asamblea nacional constituyente propuesta por el PC ML y el EPL. Las comisiones de paz, de diálogo y de negociación, de veeduría, los negociadores, altos comisionados y los facilitadores, fueron implementadas a partir de este proceso. El conjunto de fuerzas sociales y políticas, por primera vez, interactuaron con los voceros políticos de la insurgencia a distintos niveles, a la vez que los movimientos guerrilleros en tregua se vieron precisados a responder con alternativas políticas ente este tipo de escenarios.

Sin embargo, la realidad fue bien difícil. No se establecieron formas de control territorial ni delimitación de áreas ni mecanismos de regulación de la circulación y de supervisión de los comportamientos. Se sucedieron frecuentes incidentes militares y sobrevinieron atentados contra los amnistiados y los voceros de los proyectos políticos de la insurgencia fueron asesinados o sufrieron graves atentados. Los campamentos atacados en distintas regiones y el Ejército alegó que la Constitución Política le habilitaba transitar por todo el territorio nacional y que su misión era combatir la subversión. Entre tanto la Comisión Veedora a pesar de contar con algunas comisiones o delegaciones regionales, no tenía la autoridad, el nivel de funciones, recursos y actuación suficientes frente al las partes para velar por el cumplimiento de los compromisos adoptados.

La guerrilla, más allá del despliegue político conseguido, justamente como producto de los acuerdos, amplió su presencia en las regiones, recurrió a las tomas pacíficas pero armadas de numerosos municipios, con frecuencia se vio comprometida en retenciones, secuestros e imposiciones económicas y en el caso del M19 instaló campamentos de milicias urbanas en las principales ciudades.

Entonces la tregua se deterioró, en medio de la oposición para avanzar en los acuerdos políticos auspiciada por los gremios, el Congreso y los militares así como de las inconsecuencias gubernamentales crecientes; finalmente se produjo la ruptura de la tregua con el M19 y el EPL en 1985 y se prolongó hasta 1987 con las FARC, en medio de frecuentes tensiones.

Pero a pesar de la reanudación e intensificación de las hostilidades, a finales de los años ochenta, apareció por iniciativa de las guerrillas la figura de tregua unilateral o del cese al fuego unilateral, declarado temporalmente en distintas ocasiones, como gesto político favorable al entendimiento, asociado por lo regular a un contexto de propuestas para reanudar los diálogos y las negociaciones de paz.

En 1988, al realizarse por primera vez la elección popular de los alcaldes, las FARC y el EPL decretaron treguas unilaterales exigiendo que cesara la guerra sucia y se brindaran garantías políticas en las elecciones. En posteriores ocasiones estos movimientos de nuevo decretaron treguas unilaterales cuando intermedió la Comisión de Notables en 1989. El M19 realizó también declaratorias similares dentro de las cuales se destaca su declaración particular de "tregua a las fuerzas armadas y guerra a la oligarquía", y el ELN, reacio por esos años a los diálogos, llegó a proponer y a realizar ceses temporales de ataques a los oleoductos, con propósitos políticos como presionar la reversión de los contratos de concesiones a las multinacionales, la oposición al alza de los precios de los combustibles y la revisión de la política petrolera.

Posteriormente, al iniciarse los procesos de diálogo y negociaciones de paz con el M19, el EPL, el PRT, el MAQL, las MP y la CRS, entre 1989 y 1994 , se adoptarían compromisos pactados de distensión militar, delimitación de áreas, con anillos neutrales, retenes de las partes, comisiones bilaterales y reglamentación de mecanismos de control en los cuales se establecía el respeto a la población y las autoridades civiles locales, los términos del acampamento militar, las garantías de acceso y desplazamiento de voceros y las características delos campamentos de diálogo, en el contexto de las negociaciones que dieron lugar a los pactos de paz con estos movimientos. El referente básico de estos acuerdos fue la convocatoria y realización de la Asamblea Nacional Constituyente y la expedición de una nueva Constitución Política, de innegable avance democrático.

En estas negociaciones no se convinieron propiamente treguas, el preámbulo fueron las declaratorias unilaterales de cese de las acciones ofensivas por parte de las guerrillas, luego se fueron consiguiendo los acuerdos de distensión militar, y la suspensión de operativos ofensivos de las Fuerzas Armadas, a tono con la aproximación política, en perspectiva de conseguir la solución negociada del conflicto armado.

En todas las negociaciones hay acuerdos en la mesa, algunos con carácter reservado, y comunicaciones públicas y documentos convenidos. Por ejemplo, en su momento no se hicieron públicas en las negociaciones con el EPL hechos relacionados como la retirada de la ofensiva de la Brigada Móvil N.1 en Córdoba, el desmonte de la Jefatura Militar de Urabá y el texto del reglamento de las áreas para campamentos de diálogos. Así mismo, no todos los acuerdos son escritos y no todo lo que se hace es acordado; así sucedió con el EPL cuando se pactaron seis áreas de campamentos de diálogo y los frentes adoptaron diez, hecho que produjo en distintas regiones tensiones, pero la mayoría de las autoridades entendieron el propósito de paz que animaba tal actitud, sin embargo en algunos lugares por tal circunstancia hubo enfrentamientos militares.

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