ANTE LA DEGRADACIÓN DE LA GUERRA Y LA FRAGILIDAD DEL PROCESO URGE UN ACUERDO DE CESE AL FUEGO

Álvaro Villarraga Sarmiento

A partir de las recomendaciones entregadas por la Comisión de Personalidades y superada la mayor crisis presentada en las conversaciones con las FARC, se abre la posibilidad de suscribir un acuerdo bilateral de tregua con cese al fuego y las hostilidades, con énfasis en la protección de la población y con resultados parciales concretos, en torno a la agenda temática convenida.

La gestión facilitadora de la ONU y del grupo de países amigos del proceso de paz así como de algunos sectores sociales y de la Iglesia Católica, evitaron el retorno a la guerra abierta e introdujeron la figura de acompañamiento y asesoría permanente, de testigos y facilitadores internacionales y nacionales, en la Mesa de Diálogo y Negociación con las FARC. Sin embargo, es notoria la inclinación de factores de poder y de opinión internos y externos a la guerra, en medio de un clima de inestabilidad, polarización y ofensiva guerrillera, aspectos que colocan en riesgo la firma de la tregua.

Con anterioridad distintos sectores proponían convenir un cese al fuego y a las hostilidades entre el Estado y los movimientos insurgentes. En la discusión han pesado los argumentos del agotamiento de las conversaciones en medio de los incidentes militares y de los atentados, ahora más graves y frecuentes. Se aboga en consecuencia por un ambiente político favorable al propósito de la paz. Es notorio el escepticismo y la exigencia a las partes de conseguir pronto resultados en materia de acuerdos. Y urge obtener compromisos que impidan los ataques sistemáticos que se cometen contra la población civil y los bienes civiles.

En las guerras salvadoreña y guatemalteca el cese general del fuego y de las hostilidades hizo parte de la consolidación de los acuerdos de paz. En El Salvador se trató de una guerra generalizada, con hostilidades que alcanzaron niveles insurreccionales y en donde si bien hubo atropellos masivos contra la población, no fue la actividad militar más destacada. En Guatemala se mantuvo una guerra de bajo impacto, irregular, prolongada, no generalizada y circunscrita a áreas rurales, con un contexto de altísimos niveles de violación a los derechos humanos y de represión sistemática.

La experiencia colombiana ha sido y es distinta; la guerra es un fenómeno de impacto pero no se ha generalizado ni está en condiciones de convertirse en una guerra civil; es una guerra prolongada en escenarios rurales, pero ligada a una violencia política sistemática y a un margen amplio de violencia social; el contexto es de polarizaciones y conflictos diversos, con interferencia del narcotráfico, con numerosos centros urbanos en los cuales se alberga la mayoría de la población y enfrenta una problemática política y social distinta, aunque se relacione en su origen y causas con el conflicto armado campesino.

Además, si bien tenemos tradición de conflicto armado, también la tenemos de diálogos y negociaciones de paz; algo paradójico pero real durante las dos últimas décadas. También, a diferencia de los procesos únicos y definitivos con el FMLN y la URNG, en Colombia el proceso de paz es discontinuo, fraccionado con cada movimiento, con avances y aproximaciones innegables, pero también con fracasos y retrocesos. Sus tres ciclos han sido: las treguas bilaterales de mediados de los ochenta, los pactos de paz con parte de la insurgencia a inicios de los noventa al fragor de la Constituyente y, durante los últimos tres años, la reiniciación del proceso con el presupuesto de conseguir la solución definitiva con los movimientos que mantienen el alzamiento. Pero en el interregno de estos eventos, y aún más, interfiriéndolos, perviven las fases de recrudecimiento de las hostilidades.

Y a la vez, a diferencia de otros contextos, las figuras de las treguas bilaterales, las treguas unilaterales, las consiguientes órdenes de cese al fuego y las negociaciones programáticas, a través de agendas que consideran reformas sociales y políticas, posibilitan consensos para la superación de las hostilidades y la terminación de la guerra. De tal manera, estas figuras se asocian a los entendimientos políticos, a las acciones humanitarias y a los procesos de diálogo y negociación emprendidos. Esta experiencia, de una u otra forma, se presenta durante los últimos cinco gobiernos y ha comprometido a todos los movimientos guerrilleros. Históricamente responden a la perspectiva estratégica e inevitable de la paz.

ANTECEDENTES

Es del caso recordar que en 1984 se suscribieron dos acuerdos de tregua bilateral entre el Gobierno de Belisario Betancur y las FARC de una parte, y el M19, el EPL y el ADO, de otra parte , cuyo contenido asocia la paz al logro de reformas sociales y políticas importantes, a la demanda un régimen de garantías y al compromiso con regulaciones de conductas de las partes, en referencia expresa a determinados tipos de violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario.

Se trató de una tregua bilateral impartiendo públicamente las consiguientes órdenes de alto al fuego y cese de las acciones ofensivas a las Fuerzas Armadas por parte del presidente y a los frentes guerrilleros por parte de sus respectivas comandancias, de manera que se comprometió el Estado a respetar respecto de los movimientos guerrilleros en tregua los campamentos, las sedes políticas autorizadas en distintas ciudades y la integridad de los voceros. La distensión militar se consiguió en beneficio de los mecanismos de diálogo y en la perspectiva de profundizar los acuerdos y de garantizar la proyección política de la insurgencia en tales circunstancias.

Continúa...